En García Vaquero Abogados, somos especialistas en derecho contencioso administrativo y contamos con amplia experiencia en presentación de recursos contenciosos administrativos para representar a nuestros clientes en disputas con la Administración Pública y poder demandar judicialmente a la Administración Pública.
Nuestro equipo de abogados cuenta con un profundo conocimiento del marco legal y reglamentario que rige la actuación de la Administración, lo que nos permite brindar un asesoramiento jurídico integral y personalizado. Además, tenemos una amplia trayectoria en la negociación y resolución de conflictos, lo que nos permite ofrecer soluciones efectivas y satisfactorias para nuestros clientes.
Nuestro despacho cuenta con dos oficinas disponibles al público, una en Aranjuez y otra en Madrid capital, ambas con capacidad para prestarte servicio independientemente de tu ubicación mediante consulta presencial o telemática.
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Un recurso contencioso-administrativo es un procedimiento judicial que permite impugnar las decisiones o actos de la Administración Pública ante los tribunales. Consiste en una vía de reclamación legal mediante la cual los ciudadanos pueden recurrir y cuestionar la legalidad o validez de las actuaciones administrativas que consideren perjudiciales para sus derechos e intereses.
Este tipo de recurso se utiliza cuando se agotan las vías administrativas de reclamación y se busca una revisión imparcial por parte del poder judicial. A través del recurso contencioso-administrativo, los ciudadanos pueden solicitar a los tribunales que declaren nulos, anulen, modifiquen o revisen las decisiones o actos administrativos que consideren ilegales o contrarios a la normativa vigente.
La legislación de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa establece principalmente tres categorías de procedimientos legales relacionados con disputas entre la Administración y los ciudadanos:
También nos personamos en la fase judicial administrativa que comienza después de los procedimientos administrativos anteriores y que está regulada por la Ley 29/1998, de fecha 13 de julio.
En el procedimiento contencioso-administrativo, la demanda se dirige contra la Administración Pública. En términos generales, la Administración Pública puede referirse a cualquier entidad u organismo estatal, autonómico, local o de cualquier otra índole que ejerza funciones administrativas y tome decisiones o realice actos administrativos.
La demanda se presenta ante el órgano judicial competente, que puede ser un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o la Sala de lo Contencioso-Administrativo de un Tribunal Superior de Justicia, dependiendo de la jurisdicción y de la materia del caso.
Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, además de la Administración Pública, pueden existir otros sujetos o entidades que también sean demandados en el procedimiento, como, por ejemplo, empresas privadas que actúen en colaboración con la Administración o que estén involucradas en la situación objeto de controversia.
En cualquier caso, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho administrativo para determinar correctamente a quién dirigir la demanda y seguir los procedimientos legales adecuados.
Una vez se presenta el recurso, se inicia un proceso en el que se dan diversas fases que son las siguientes:
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